El Gobierno canario mantiene el pulso con La Moncloa a cuenta de los menores migrantes no acompañados. El Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico ha acordado este lunes remitir un requerimiento al Gobierno central en el que le acusa de estar incurriendo en una “acumulación de incumplimientos” en la atención a este colectivo vulnerable. El archipiélago da un plazo de 30 días al Estado para que presente sus alegaciones. Pasado ese tiempo, ejercerá las acciones legales y judiciales que vea “adecuadas”, según ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello. “[Los menores] son su responsabilidad y están obligados a ocuparse”, ha zanjado en una conferencia de prensa.
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