Que el juego de fuerzas se inclina del lado de la dirección en cualquier institución es algo aparentemente natural, dentro de ciertos límites. En el caso de la universidad española pública, el principio de autonomía puede entrar en contradicción con los de transparencia y rendición de cuentas, fundamentales en una institución pública. Esto sucede cuando las leyes no logran poner barreras que frenen la manipulación, es decir, cuando las condiciones formales permiten que los candidatos a rector tejan redes clientelares que les permitirán, de facto, controlar los órganos de gobierno. Esto explica el oneroso caso actual de la Universidad de Salamanca (USAL), donde su rector ha sido acusado por distintos medios, nacionales e internacionales, de malas prácticas.
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