Las deportaciones aceleradas de haitianos han puesto de relieve una realidad incómoda: la doble moral de nuestra sociedad. Atruenan las voces pidiendo una aplicación estricta de la ley migratoria para regular el flujo de extranjeros, y aducen la seguridad nacional y la protección de los empleos locales. Sin embargo, la economía dominicana se ha acostumbrado a depender de la mano de obra barata haitiana, especialmente en la construcción, la agricultura y el servicio doméstico. Ya el lamento de los empleadores, privados del músculo de los indocumentados, ha llegado al cielo.
Este dilema plantea una pregunta fundamental: ¿cómo encontrar un equilibrio entre la necesidad económica y el respeto a la legalidad? La respuesta no puede ser simplemente más deportaciones. Es esencial diseñar una política migratoria coherente que responda a las necesidades del país, pero que también esté alineada con los principios de respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas.
Tenemos la responsabilidad de actuar en correspondencia con los valores de una nación democrática. Ineludible garantizar que los procesos de deportación se realicen de manera justa, sin abusos y con el debido proceso, evitando que los migrantes sean tratados como simples cifras o problemas a resolver. La ley debe ser aplicada, pero con justicia y prudencia.
La situación actual, compleja, exige reflexionar sobre el tipo de sociedad a que aspiramos. No podemos exigir una economía dinámica que crece sobre la base del trabajo de inmigrantes y, al mismo tiempo, ignorar las condiciones de vida y calamidades de quienes aportan a ese crecimiento. La verdadera solución radica en reconocer esta interdependencia y trabajar por una convivencia justa, donde la legalidad y la humanidad no sean mutuamente excluyentes.
