El Congreso no votará el jueves la senda de estabilidad, es decir, el plan que fija los límites de déficit y deuda que deben respetar las administraciones públicas en los próximos tres años. Una votación que estaba condenada al fracaso por la falta de apoyo de Junts y que ha llevado al Gobierno a suspender este martes su tramitación in extremis para evitar un severísimo revés político. Fuentes del Ejecutivo confirman que la primera consecuencia de esta decisión será que el proyecto de Presupuestos para 2025 no podrá presentarse en el plazo legal (antes del 1 de octubre). Ante la manifiesta debilidad parlamentaria, cada vez son más los partidarios en las filas del Gobierno de prorrogar las cuentas públicas de 2023 por segundo año consecutivo. Sería la sexta prórroga presupuestaria en la última década. En todo caso, fuentes del Ejecutivo no tiran la toalla y aseguran que ven margen para seguir negociando con Junts en los próximos días y volver a plantear la votación de la senda de déficit más adelante. “El Gobierno quiere agotar todas las posibilidades para alcanzar un pacto que sería beneficioso para todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos”, trasladan fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero.
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