Tres años han sido insuficientes para que los tribunales desarrollasen una tarea laboriosa: la revisión de todas las incapacitaciones dictadas por los órganos judiciales antes de septiembre de 2021, en cumplimiento de la Ley 8/2021. Esta norma, que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, ha dado un vuelco a la manera en que este colectivo era tratado en el ordenamiento jurídico español. El plazo para reexaminar las medidas adoptadas previamente sobre la capacidad legal que tienen para tomar decisiones, por ejemplo, sobre su patrimonio, terminó el pasado 3 de septiembre sin que se haya prorrogado.
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