La Corte Suprema chilena enfrenta una de sus más graves crisis institucionales desde la llegada de la democracia en Chile en 1990, luego que tres de sus jueces enfrenten acusaciones constitucionales presentadas por diputados tanto del oficialismo de izquierdas como de la oposición. De ellos dos están involucrados, en distintos grados, en el escándalo del caso Audios, Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, quienes mantuvieron conversaciones por WhatsApp con el protagonista de la trama, el abogado Luis Hermosilla. El tercero es Sergio Muñoz quien, aunque no aparece en los chats del penalista, el conglomerado Chile Vamos, de la derecha tradicional, también le imputa “notable abandono de deberes”, pero por dos hechos de 2022: la posible entrega de información anticipada de un fallo sobre un proyecto inmobiliario a su hija Graciel Muñoz, con la que habría intentado desistirse de la compra de dos departamentos, y y por no haber alertado que durante la pandemia ella, quien es jueza de garantía, dirigiera audiencias judiciales telemáticas desde Italia, es decir, fuera de la jurisdicción chilena.
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