Se eleva al máximo la tensión entre el Gobierno y la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, un juez que se ha convertido en un personaje fundamental en la conversación política en España. La imputación de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, con unos argumentos jurídicos que todos los miembros del Ejecutivo consultados consideran muy endebles —algunos incluso hablan abiertamente de lawfare, esto es, prácticamente de prevaricación— es una gota más, muy grande, en un vaso completamente rebosado de las relaciones entre el Gobierno y la sala clave del Supremo, que ha admitido la exposición razonada de un juez por unanimidad de los cinco magistrados que han debatido el asunto.
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